TORREÓN, Coahuila.— Maribel Garza, madre de Carlos “N” y David “N”, conocidos como “Los Cuates”, pidió que las autoridades investiguen a fondo el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, y que no se descarte la posible participación de más personas.
El ataque, registrado el 1 de octubre, dejó sin vida a la subdirectora Neri Edith Nevárez González y causó lesiones a otras personas, entre ellas integrantes de la comunidad escolar. Los dos hermanos, ambos de 18 años, fueron detenidos después de los hechos.
El 4 de octubre, un juez vinculó a proceso a Carlos “N” y David “N” por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Los jóvenes quedaron bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.
La madre pide ampliar la investigación
En una entrevista con Radio Fórmula, Garza relató que sus hijos salieron de casa la mañana del ataque con el argumento de que buscarían empleo. Según su testimonio, ambos le dijeron que acudirían a entregar una solicitud de trabajo.
La mujer señaló que los hermanos llevaban una vida aislada, permanecían juntos gran parte del tiempo viendo videos o televisión y no tenían un círculo amplio de amistades. También indicó que años atrás habían estudiado en la secundaria donde ocurrió el ataque.
De acuerdo con la madre, durante aquella etapa escolar sus hijos habrían enfrentado episodios de acoso y castigos. Sin embargo, esta versión corresponde a su testimonio y deberá ser revisada junto con los demás elementos reunidos por las autoridades para determinar si tiene alguna relación con los hechos investigados.
Garza también cuestionó las imágenes tomadas después de la detención. Aseguró que en las fotografías no observó manchas de sangre en la ropa de sus hijos, aunque sí lesiones que, según su versión, fueron provocadas cuando habitantes de la zona los retuvieron y golpearon.
“Yo nada más digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos en fotos”, declaró. Su señalamiento sobre las manchas en la ropa representa una apreciación personal y no sustituye los peritajes forenses ni permite, por sí solo, establecer o descartar responsabilidades.
Señala versiones sobre más personas
La madre sostuvo que escuchó comentarios entre habitantes de la comunidad acerca de que presuntamente habría más personas involucradas. “Dicen que había más y nada más los encontraron a ellos”, afirmó durante la entrevista.
Hasta el momento, esa posible participación adicional no ha sido acreditada en la información disponible. La Fiscalía deberá contrastar los testimonios, indicios, peritajes y demás pruebas incorporadas a la carpeta de investigación.
La vinculación a proceso significa que un juez encontró elementos para que la investigación penal continúe, pero no constituye una sentencia condenatoria. Carlos “N” y David “N” conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Familia denuncia amenazas
Garza afirmó que después del ataque su familia comenzó a recibir amenazas, insultos y mensajes de odio. Debido a esta situación, dijo que tuvo que abandonar su vivienda junto con sus otros hijos.
La mujer explicó que sostenía económicamente a su familia trabajando como recamarera en un motel. También solicitó apoyo para conseguir representación legal y medidas de protección ante las amenazas denunciadas.
El juez estableció un plazo de 60 días para la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía podrá reunir nuevos datos para esclarecer la forma en que ocurrió el ataque, establecer la intervención atribuida a cada persona y determinar si existen otros posibles participantes.
Las declaraciones de Garza plantean cuestionamientos que deberán ser revisados por las autoridades, pero no modifican por sí mismas la situación jurídica de sus hijos. Los dos jóvenes continuarán sujetos al proceso penal y bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
