MÉXICO.— El Gobierno de México prepara un decreto para establecer obligaciones dirigidas a las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenido que incite directamente a la violencia, luego de la agresión registrada en la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia del 2 de octubre que se conforma un grupo de trabajo para atender episodios de violencia dentro de las escuelas. La coordinación estará a cargo de la Consejería Jurídica y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital.
De acuerdo con la mandataria, también serán convocadas instituciones académicas y personas expertas. Uno de los primeros objetivos será solicitar que las plataformas retiren publicaciones o mensajes relacionados con acciones que promuevan la violencia, el abuso o el acoso.
Sheinbaum reconoció que la medida deberá incluir especificaciones claras para evitar que su aplicación pueda convertirse en censura. Hasta el momento no se han detallado los plazos para la emisión del decreto, los criterios específicos que se utilizarán para identificar contenidos ni las sanciones que podrían enfrentar las empresas en caso de incumplimiento.
Plantean obligaciones para las plataformas
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el proyecto busca definir obligaciones en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia. También incluiría mecanismos de coordinación entre las plataformas y las autoridades competentes.
La propuesta anunciada no se limitaría al entorno digital. El Gobierno federal pretende reforzar el programa denominado ABC de las emociones mediante asambleas con madres y padres de familia, así como incorporar buzones confidenciales que permitan identificar de manera temprana posibles situaciones de riesgo.
El plan también considera mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes. García Harfuch llamó a madres, padres y personas cuidadoras a mantenerse cerca de sus hijos, fortalecer la comunicación y actuar cuando detecten una conducta o situación que genere preocupación.
Buscan hablar de salud emocional en las aulas
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el programa ABC de las emociones aborda problemas de ansiedad y salud mental relacionados con el uso de redes sociales. Según explicó, sus contenidos incluyen un apartado dedicado específicamente al mundo digital.
Delgado indicó que la estrategia dentro de las aulas consiste en que el personal docente hable sobre las emociones con los estudiantes y contribuya a normalizar esas conversaciones. La intención es que las comunidades escolares cuenten con más herramientas para reconocer señales de alerta y solicitar apoyo.
Las autoridades no informaron cuándo comenzarán las asambleas, cómo funcionarán los buzones confidenciales ni en qué escuelas se aplicarán inicialmente estas medidas. Tampoco se precisó si el decreto será sometido previamente a consultas con especialistas, organizaciones civiles o representantes de las plataformas digitales.
La agresión en la secundaria de Torreón
El anuncio federal se realizó después de los hechos ocurridos en la Secundaria General 13, ubicada en Torreón. Conforme a las investigaciones preliminares citadas por las autoridades, dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a las instalaciones.
Los dos jóvenes presuntamente agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes en distintos puntos de la escuela. El saldo reportado fue de una mujer fallecida y cuatro personas lesionadas. El material disponible no proporciona información sobre la identidad de las víctimas, su estado de salud ni la situación jurídica de los señalados.
El decreto permanece en preparación y deberá establecer con precisión qué tipo de publicaciones estarían sujetas a retiro, cómo se realizará su revisión y qué mecanismos existirán para evitar restricciones indebidas a la libertad de expresión. Las autoridades federales sostienen que el propósito central es responder oportunamente ante contenido que represente un riesgo y reforzar la prevención de la violencia escolar.
